El intento de engaño a los autónomos y empresarios con los créditos ICO-COVID
Durante la pandemia, ante el cierre forzoso de millones de negocios por orden gubernamental, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la puesta a disposición de empresas y autónomos de las líneas de avales "ICO-COVID-19".
Fue presentada, además, como la "medida estrella" para salvaguardar a los negocios (especialmente los de las pymes) de la quiebra.
Mediante esta actuación (que prácticamente fue la única alternativa que el Gobierno de España dio a las empresas para subsistir), estas debían endeudarse -contrayendo los "ventajosos" créditos ICO-COVID- para así obtener la liquidez que les había dejado de entrar vía ventas debido a la orden obligatoria de clausura de sus negocios, y poder hacer frente a sus gastos corrientes (alquileres, nóminas, electricidad, etc.).
En su presentación, el propio Sánchez anunciaba por todo lo alto que dichos créditos, dada la excepcionalidad de la situación, contaban con el aval del Estado.
No obstante, la letra pequeña (de la que informaban a posteriori los bancos que concedían dichos créditos), avisaba de que el Estado avalaría el 80% del importe prestado y el empresario debía responder del 20% restante.
Sin embargo, una vez pasado lo peor de la pandemia, el gobierno de Sánchez "cambiaría de opinión" y -con bastante "nocturnidad y alevosía"- aprobaría un cambio con carácter retroactivo, de tal forma que, en caso de impago, los empresarios deberían avalar el 100% del importe concedido en dichos préstamos, respondiendo de las deudas ICO-COVID con su patrimonio personal.
Las primeras sentencias reconocen "vicios" y dan la razón a los empresarios
En 2023, una vez superada la pandemia, miles de empresas que -irremediablemente- se acogieron a los préstamos "ICO-COVID", han acabado quebrando, desapareciendo o bien se encuentran en concurso de acreedores.
De hecho, cerca del 23% de estos créditos concedidos (en torno a 20.000 millones de euros) se encontrarían en riesgo de impago o directamente impagados.
Este es, sin duda, el motivo último del "cambio de opinión" del gobierno sobre los avales: evitar perder 20.000 millones prestados a empresas que ahora (tras hacer quebrar sus negocios con los cierres y confinamientos obligatorios) son insolventes.
En estos casos de impago de los préstamos "ICO-COVID" (y siguiendo las nuevas indicaciones gubernamentales), algunas entidades financieras han intentado cobrar el 100% del aval a las empresas, si bien, en el contrato de crédito firmado entre las partes se especifica claramente que el empresario únicamente asume un riesgo del 20% del importe concedido.
Este hecho (que no deja de ser un intento de fraude por parte del Gobierno de España a sus empresas) ha provocado un aluvión de demandas, existiendo ya las primeras sentencias favorables a la limitación de la responsabilidad de los empresarios al 20% establecido, al reconocer la existencia de "vicios".
En los próximos meses se espera que el número de denuncias contra los créditos "ICO-COVID" vaya en aumento, y que miles de empresarios quebrados puedan respirar aliviados, haciendo cumplir su palabra a Pedro Sánchez a la fuerza a golpe de sentencia.
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