El Gobierno autoriza la OPA pero dificulta su ejecución al imponer complejas condiciones: ¿las aceptará el BBVA?
Habiendo transcurrido más de un año de trámites, y tras ir superando los múltiples requisitos y autorizaciones necesarias -entre ellas, la de la Comisión Europea o la de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia)-, el Gobierno de España acaba de dar luz verde a la absorción del Sabadell por parte del BBVA.
No obstante, el Ejecutivo ha impuesto importantes restricciones para autorizar la operación, las cuales están siendo estudiadas por el BBVA para concluir si finalmente le compensa seguir adelante con la fusión.
Entre estas "leoninas" condiciones, cabe destacar la obligación de mantener la autonomía e independencia de ambas entidades financieras durante, al menos, los próximos 3 años.
Es decir, BBVA y Sabadell deberán mantener sus respectivas personalidades jurídicas, operando como dos entidades financieras independientes hasta 2028 (como mínimo).
Es más, el Gobierno se reserva la opción de poder prorrogar ese plazo otros dos años más, es decir, hasta 2030.
Esta demora temporal es el principal obstáculo creado ahora por el Ejecutivo español para autorizar la integración, y que en la práctica se traduce en que la fusión efectiva de ambos bancos no se podría realizar -como pronto- hasta 2028, un factor adverso que podría acabar frustrando la operación.
El BBVA (que también se guarda la opción de recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo) está actualmente estudiando si la OPA sigue siendo viable bajo estas restricciones.
De esta forma, en las próximas semanas sabremos si finalmente el banco vasco decide seguir adelante con la fusión o si definitivamente decide "tirar la toalla".
A pesar de que el Gobierno del PSOE ha querido aclarar que la decisión de dificultar la OPA ha sido tomada "pensando en el interés general", muchos analistas ven nuevamente intencionalidad política:
- la de contentar a Puigdemont (contrario a la integración del banco catalán en el BBVA para crear un gigante bancario español) y lograr así que su partido siga brindando apoyo a Sánchez,
- y la de salvar la imagen de Salvador Illa ante el electorado catalán de cara a las próximas elecciones.
Desde un punto de vista netamente empresarial, España necesita reforzar y hacer crecer a sus empresas (y especialmente a sus bancos) para poder competir en una economía global con los gigantes financieros de Estados Unidos, China o el resto de Europa, y para estar mejor preparados ante una nueva crisis financiera.
Si la fusión finalmente se ve frustrada (por intereses políticos), bancos medianos como el Sabadell podrían acabar -en un futuro no muy lejano- en manos de cualquier otro banco extranjero (sin ir más lejos, hace no mucho, el italiano Unicredit ya había mostrado su interés en hacerse con la entidad catalana), hecho que aún perjudicaría más al "interés general" de los españoles que alega el Gobierno de Sánchez.
La Comisión Europea revisará la decisión del Gobierno de España
Por su parte, la Comisión Europea (que se ha mostrado en varias ocasiones favorable a la fusión) ha comunicado que revisará las restricciones impuestas por el Gobierno Español con el objetivo de confirmar que no resultan "abusivas" ni "arbitrarias".
Bruselas ha recordado al Ejecutivo español que cuenta con la potestad para regular el mercado libre europeo que abarca a todos los estados miembros y que, por tanto, tendrá la ultima palabra en este asunto.
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