La justicia declara "ilegales" 66.000 anuncios de pisos turísticos de Airbnb
Mayo de 2025: el Ministerio de Consumo (Gobierno de España) ha instado a la filial de Airbnb en Irlanda (a través de la cual explota su negocio en toda Europa) a la retirada de casi 66.000 anuncios relativos a pisos turísticos en España por considerarlos "ilegales".
Y es que, según la normativa española, todos estos establecimientos vacacionales deben disponer de un número de licencia turística (habiéndose dado de alta previamente en el registro de la comunidad autónoma correspondiente), teniendo además que estar identificado el anfitrión, bien como particular o bien como autónomo o empresa.
En la mayoría de sus anuncios, Airbnb no realiza estas comprobaciones, sino que la compañía ha alegado que su plataforma funciona como "un mero intermediario".
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado en contra de Airbnb, desestimando su recurso contra la primera orden de retirada de los anuncios por parte de la Dirección de Consumo, y declarando a la empresa como responsable de que todos los anuncios que figuran en su plataforma cumplan con la ley.
Por tanto, Airbnb tendría la obligación legal de comprobar uno a uno que el anunciante está dado de alta como autónomo o persona física y que además figura inscrito en el registro turístico correspondiente (algo que realmente no realizan la gran mayoría de particulares que publican a través de esta plataforma, siendo posiblemente una de las claves de su gran éxito); o, en caso contrario, de retirar aquellos anuncios que no cumplan con dichos requisitos legales como ahora le ordena la justicia española.
¿Podría suponer el cierre de Airbnb en España? La amenaza de multa de 100 millones
Los casi 66.000 anuncios que el Gobierno de España ha ordenado retirar a Airbnb suponen más del 20% del total de anuncios que la empresa viene gestionando en su base de datos.
Es decir, su retirada supondría un gran recorte de ingresos para la compañía, pudiéndole generar cuantiosas pérdidas y volviendo inviable a su negocio en España.
Sin embargo, la alternativa a no obedecer a la sentencia de la justicia española tampoco es mucho mejor, pues en este caso Airbnb se enfrentaría a una sanción potencial de 100 millones de euros.
Por tanto, la plataforma se encuentra en este momento entre la espada y pared, situación que incluso podría desembocar en su desaparición del mercado español.
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