1) Déficit público:
El déficit público es un indicador que muestra la diferencia (negativa) entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas del Estado en un periodo determinado.
Es decir, es el importe que el Estado gasta cada año de más sobre lo que ingresa y, por tanto, mayores necesidades de financiación genera.
Se suele expresar en términos absolutos (en millones de euros) o como % sobre el PIB.
Por ejemplo, en el excepcional ejercicio 2020 (durante la pandemia), el déficit fiscal del Estado se disparó hasta los 113.199 millones de euros (representando un 10,1% sobre el PIB), frente a los 38.116 millones de euros del año anterior (un 3,1% sobre el PIB).
2) Deuda pública:
La deuda pública es la cantidad total de dinero que debe un país a sus acreedores a través de los mercados financieros, importe generado como consecuencia de la acumulación de déficits públicos año tras año.
Es decir, es el saldo total de déficits públicos acumulados hasta la actualidad por parte del Estado, cuyo importe ha tenido que pedir prestado a los mercados financieros a través de la emisión de deuda (letras del Tesoro, obligaciones, bonos...).
Cuando un país genera déficits año tras año (es decir, gasta más de lo que ingresa vía impuestos), su deuda pública aumenta, así como el total de intereses que tendrá que pagar a sus acreedores.
Por ejemplo, tras generar 113.199 millones adicionales de déficit público en el año 2020, la deuda pública de España se disparó hasta los 1,3 billones de euros (1.345.786 millones de euros), representando un 120,30% del PIB.
España es uno de los países del mundo con una mayor deuda pública.
A mayor deuda, más riesgo -de impago- tiene un país ("prima de riesgo"), más cara logrará la financiación para su deuda (pues ante más riesgo, mayor tipo de interés/remuneración exigirán los acreedores para comprar sus títulos) y mayor partida en sus presupuestos -junto con las pensiones, sanidad o educación- deberá destinar el Estado para asumir el pago de esos mayores intereses.
Incrementar la deuda pública hasta niveles inasumibles para su población es una práctica irresponsable (típica de economías bananeras), llevada a cabo por políticos cortoplacistas y populistas, incapaces de administrar adecuadamente los ingentes ingresos del Estado, tal y como hace habitualmente cualquier economía familiar, empresario o gestor responsable.
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