España está sufriendo la peor crisis sanitaria de las últimas décadas, a la que le seguirá la peor crisis económica y social desde la Guerra Civil. No obstante, el origen de esta última tristemente no es el coronavirus, sino más bien las desastrosas medidas en materia económica y laboral adoptadas por el gobierno de coalición Sanchez-Iglesias, las cuales están poniendo al tejido empresarial española contra las cuerdas:
1) Cierre obligatorio de empresas y confinamiento de la población: el 98% de las empresas en España son autónomos, pymes y micropymes; la mayoría van al día (sin ningún tipo de ahorro o colchón financiero) y entre un 60-70% (según las propias estadísticas de Hacienda) están en pérdidas. Cerrar un mes (y dejarlas sin ingresos) supone un durísimo golpe para su situación financiera, y hacerlo más de un mes equivale al cierre definitivo y quiebra de una gran parte de ellas.
El confinamiento total de la población y la paralización de la economía e industria puede ser hasta justificable para luchar contra el COVID-19, e incluso entendible por parte de empresarios y trabajadores, si bien lo que no es de recibo es que el Gobierno obligue al cierre de la actividad SIN TOMAR NINGUNA MEDIDA QUE REALMENTE AYUDE A LOS EMPRESARIOS QUE SOSTIENEN LA ECONOMÍA DEL PAÍS A SUPERAR ESTE PERIODO SIN INGRESOS.
2) Los ERTEs, la medida ”estrella”: según la ministra de Trabajo Yolanda Díaz (del partido de extrema izquierda PODEMOS), se aplican ERTEs para permitir a las empresas seguir funcionando sin necesidad de despedir personal. Recordemos que los ERTEs permiten suspender temporalmente los contratos de trabajo, sin llegar a despedir, de tal forma que los trabajadores se pueden reincorporar a sus puestos pasado el periodo de crisis.
Esta medida que a priori podría ser buena, supone una trampa para la mayoría de empresas:
Se permite aplicar ERTEs (una vez estudiado caso a caso) si los ingresos han caído a cero y la empresa no pertenece a las actividades clasificadas como ”esenciales” en el Real Decreto publicado. Pero muchas empresas se encuentran en la situación de que, o bien pertenecen a ese grupo de actividades”esenciales", o bien sus ventas no han desaparecido por completo, sino que los ingresos han caído en torno a un 80-90%, y por tanto no se les permite en muchos casos acogerse a los ERTEs. Pero con su nuevo y mermado nivel de ingresos no les es materialmente posible mantener a sus plantillas de trabajadores y pagar todos los sueldos.
A mayores, el diseño de los ERTEs en este caso tiene "letra pequeña": supone casi con seguridad la obligación de hacer indefinido al trabajador a la vuelta de la crisis, pues exige mantenerlo en su puesto durante un mínimo de otros 6 meses (y si se cumple el periodo de un año pasa a ser indefinido aunque la empresa no se lo pueda permitir). Los gobernantes de la izquierda y la extrema izquierda piensan que contratar a un trabajador de forma indefinida es algo fácil y casi trivial, un "capricho" del empresario. Pero la realidad es que es una decisión muy complicada y que no todas las empresas (especialmente las pequeñas) se pueden permitir.
3) ”La prohibición de despedir”, lo nunca visto: esta es la peor y más desastrosa medida que jamás se pudiera haber tomado. Supone eliminar por completo la flexibilidad (una de las características que poseen todos aquellos negocios que perduran y son sostenibles) y OBLIGAR A LOS EMPRESARIOS (GRANDES Y PEQUEÑOS) A MANTENER SIN INGRESOS LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES es algo verdaderamente injusto y demencial.
Con esta medida de la ministra Yolanda Díaz el Gobierno escurre el bulto y elude su obligación y responsabilidad de sostener a los ciudadanos en un momento de crisis, pasándole la carga de la crisis a autónomos y empresas ya en graves apuros: "que se ocupen ellos de mantener a los trabajadores aunque no tengan ingreso alguno".
4) Permiso retribuíble recuperable para los trabajadores: por si no fuera poco, se permite que durante varios días las empresas (sin ingresos y en una situación financiera muy delicada) tengan que asumir otra pesada losa: la obligación de retribuir a sus trabajadores aunque estos no trabajen (y por tanto no generen actividad ni ingresos para la empresa) a través del llamado "permiso retribuíble recuperable".
Recordemos que la gran mayoría de empresas en España son pequeñas: comercios, panaderías, cafeterías, pequeños negocios y autónomos que viven al día, sin ahorros ni excedentes, pero sosteniendo los sueldos de la mayoría de trabajadores del país. Y con este desastroso paquete de medidas que, lejos de facilitarles la vida y garantizar su funcionamiento, se les está dando la puntilla definitiva y se les aboca a la quiebra, y al desastre a todo el país.
5) Mantener los impuestos y no condonar las cuotas de autónomos: parece que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cree que los empresarios son una suerte de ”magos” que crean dinero de la nada y a los que se puede exigir, exprimir y expoliar sin fin incluso aunque no puedan ejercitar su actividad.
No es de recibo, ni justo, ni lógico, ni ético que empresas que apenas tienen ingresos o directamente sus ventas son nulas como consecuencia de una decisión gubernamental (la declaración del estado de alerta), y que además no puedan rescindir contratos de trabajo para sobrevivir gracias al "prohibido despedir", tengan a mayores la obligación de pagar impuestos. En cualquier país serio y avanzado del mundo esto sería considerado una verdadera aberración, un atraco, situación absolutamente denostada por economistas de todo el mundo. Es el Estado con sus medios quien debería sostener a la sociedad en la actual situación.
Por otro lado resulta increíble que, tras las reclamaciones de los autónomos pues inicialmente no existía medida alguna destinada a ayudarles, se les permita únicamente aplazar el pago de sus cuotas mensuales de la Seguridad Social durante 6 meses en lugar de condonárselas mientras dure la crisis.
Esto lejos de aliviar su situación supone endeudarlos más. Parece que para el PSOE y PODEMOS los autónomos SON EXCLAVOS DEL RESTO DE LA SOCIEDAD, SIN DERECHOS PERO SÍ OBLIGACIONES, una auténtica vergüenza en un país moderno y democrático. Resulta curioso que aquellos políticos a los que se les llenaba la boca diciendo que "un autónomo debe pagar impuestos en función de sus ingresos”, a la hora de regular justamente aplican medidas que van en dirección contraria.
6) El falso "escudo social": de nada sirve garantizar o ”proteger” los contratos de trabajo de empleados en empresas que no tienen dinero para pagar sueldos. Simplemente es estúpido y absurdo, y lleva a las empresas a la quiebra y sus trabajadores al paro. A mayores se prometen coberturas para desempleados y afectados por ERTEs que no se van a cumplir, pues en la mayoría de casos no van a cobrar ni el 70% de su base de cotización.
7) Insultar a los empresarios y generar desconfianza: el colmo del mal gobierno. A la extremista Yolanda Díaz no le ha temblado el pulso a la hora de insinuar que los empresarios (los cuales sostienen la economía del país y generan empleo) ”se aprovechan de la crisis”. Muestran su RADICALIDAD y SECTARISMO (impropios de una ministra solvente y preparada), y ponen en evidencia la IGNORANCIA respecto a la realidad empresarial del país que ella dirige. Sus declaraciones (lejos de transmitir tranquilidad y certidumbre) son una auténtica vergüenza que en un país serio y democrático habrían supuesto su inmediata dimisión.
Las destructivas medidas aplicadas por el Gobierno (donde se ven claras influencias de la radicalidad de PODEMOS) van a generar una crisis económica sin precedentes. Y no manifiestan más que el total DESCONOCIMIENTO respecto a la realidad empresarial de España, así como la IGNORANCIA e INUTILIDAD de aquellos que nunca han sido productivos en la sociedad ni han trabajado en actividad real alguna.
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