"Verifactu" se pospone: un respiro (momentáneo) para millones de pymes y autónomos
DICIEMBRE DE 2025: el Gobierno de Pedro Sánchez ha he hecho público "in extremis" que la obligación de aplicar "Verifactu" en millones de pymes y autónomos (previsto inicialmente para el 1 de enero de 2026) se demorará finalmente un año más, hasta 2027.
¿Qué es "Verifactu"?
"Verifactu" es el nuevo sistema de facturación diseñado por la Agencia Tributaria por el cual pymes y autónomos deberán comunicar en tiempo real a este organismo la emisión de sus facturas.
Es decir, en lugar de informar a la Hacienda Española sobre el volumen facturado de forma trimestral (mediante la presentación de las declaraciones de IVA) y anual (con el Impuesto de Sociedades y demás modelos), "Verifactu" comunicará a la Agencia Tributaria cada nueva factura que sea emitida, sometiendo además estos datos a aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para maximizar la detección de fraudes.
De esta forma, el Gobierno del PSOE pretende incrementar aún más la presión y el control sobre empresas y autónomos, hasta el punto de obligarles a declarar factura a factura en el mismo momento en que sean emitidas.
"Verifactu" y el "Suministro Inmediato de Información" (SII): el 100% de las pymes estará controlado en tiempo real por Hacienda
"Verifactu" está pensado específicamente para controlar a los empresarios más pequeños del país, y la obligación de su aplicación es total (no hay excepciones), afectando a los millones de autónomos y pymes que facturen menos de 6 millones de euros al año.
De hecho, desde 2017, las empresas con un volumen de ventas superior a esa cifra (>6 millones) están obligadas a aplicar el "Suministro Inmediato de Información" (SII), mediante el cual deben comunicar directamente a la Agencia Tributaria todas sus facturas emitidas y recibidas en un plazo máximo de 4 días.
Por este motivo, miles de pymes -cuya cifra de negocio no alcanza los 6 millones o que planean llegar a ese volumen en los próximos años- ya han optado por acogerse voluntariamente al "SII" para así evitar la aplicación de "Verifactu".
No obstante, en la práctica el "SII" puede resultar algo más engorroso, pues obliga a notificar todas las facturas emitidas y recibidas dentro de ese plazo de 4 días, mientras que a través de "Verifactu" las empresas solo tienen la obligación de comunicar las facturas emitidas en tiempo real.
Por otro lado, este incremento de la presión sobre los empresarios más vulnerables (los pequeños) se produce justo en un momento en el que la recaudación del Estado vía impuestos viene alcanzando máximos históricos: con un crecimiento del +8,4% en 2024 (hasta los 294.734 millones de euros) y todo apunta a que 2025 volverá a marcar un nuevo récord de ingresos.
Esta situación contrasta con los costes de las empresas, los cuales han crecido en un +28% en la última década (motivados por los nuevos requisitos normativos que han generado grandes sobrecostes, los incrementos en las cuotas de la Seguridad Social y las nuevas retenciones e impuestos aplicadas por el gobierno de Sánchez).
A mayores, la renta per cápita real de los ciudadanos españoles continúa a la baja, distanciándose cada vez más de la media de la UE, y disparándose los índices de riesgo de exclusión social y pobreza infantil entre la población (afectando ya a 1 de cada 4 ciudadanos en nuestro país).
¿Por qué se aprueba la prórroga? Intereses políticos, no ciudadanos
Tras meses en los que millones de autónomos, empresas y asesorías vienen invirtiendo en formación y en adaptar sus sistemas de facturación a "Verifactu" (gastando en muchos casos miles de euros en la renovación de "softwares"), el Gobierno de Sánchez comunica en diciembre de 2025 que finalmente su implementación se pospondrá un año más: hasta el 1 de enero de 2027.
Sin embargo, el motivo de esta prórroga no es el de facilitar la vida al conjunto de pequeños empresarios y autónomos de España, sino que se debe a otra de las exigencias de Carles Puigdemont (Junts Per Catalunya) sobre Pedro Sánchez.
Es decir, nuevamente es la óptica política e ideológica (y los intereses partidistas) la que prevalece a la hora de tomar decisiones normativas que afectan seriamente a la vida de la gente y a la competividad de las empresas, en lugar de pensar en qué es lo mejor para el "pueblo" y en las consecuencias reales de estas medidas.
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